Credito:APEl gobierno francés decidió lanzar una guerra implacable contra los lujos y los abusos de los altos funcionarios públicos. Pagan alquileres irrisorios por suntuosas viviendas y se desplazan en costosos automóviles que le salen fortunas al Estado
En ese marco, el ministro de Presupuesto, Eric Woerth, decidió aumentar los alquileres y limitar el acceso a las viviendas oficiales. El Estado sólo percibe actualmente 30 millones de euros por un parque inmobiliario que tiene un valor locativo total de 1400 millones de euros anuales, según las estimaciones de los especialistas.
Asimismo, pretende vender un tercio de los 72.000 vehículos, reemplazar una parte por modelos menos contaminantes y entregar la gestión de la flota automotriz oficial al sector privado, a fin de reducir costos y evitar abusos.
El último informe de la Inspección de Finanzas sobre ese tema, que data de 2003, estimaba que habría entre 94.000 y 137.000 alojamientos ocupados por funcionarios públicos. Los autores de ese estudio estimaban que el 60% de esas viviendas eran ocupadas por militares; el 28%, por empleados de la educación nacional, y el 12%, por los otros ministerios.
El ministro sostuvo que esas viviendas deben ser otorgadas en caso de necesidad absoluta de servicio pero no pueden servir para alojar a funcionarios que ocupan puestos en forma permanente en una ciudad y que los departamentos y casas ocupados en forma indebida serán vendidos al igual que otros 25.000 alojamientos que están desocupados.
Con esa reestructuración del patrimonio inmobiliario, el Estado espera recuperar unos 10.000 millones de euros por la venta de un tercio de las viviendas más una renta cercana a 1000 millones de euros que se obtendrá mediante el reajuste de alquileres.
Otro esfuerzo de austeridad consistirá en reducir el parque automotor del Estado para evitar el despilfarro y los actuales abusos. En una etapa inicial, se venderán o serán destruidos los 21.000 vehículos que tienen más de siete años de antigüedad. Sólo dos tercios de ese parque será reemplazado.
El gobierno aprovechará esa modernización para adquirir vehículos más ecológicos, que emitan menos de 130 gramos de CO2 por kilómetro. Se trata, por lo general, de modelos de baja cilindrada, más baratos y con menos costo de mantenimiento según informa el diario La Nación.
El ministerio de Presupuesto también estudia la conveniencia de adoptar un sistema de compra de prestaciones, que incluiría el lavado y la carga de combustible. Por ahora, sólo el 50% de las prestaciones se realizan a través de cadenas de estaciones de servicio que ofrecen reducciones en el precio del combustible y de los lavados.

















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