
Es un proyecto que busca silenciar a la prensa libre. Condenará como un delito la opinión y la información que el régimen considere peligrosa. Se produce tras el ataque de grupos paraestatales a Globovisión y el cierre de 34 radios
La Comisión de medios del Parlamento venezolano comenzará a analizar la polémica propuesta de ley de delitos mediáticos, coincidiendo con la revocación de la licencia a 34 radios y con la agresión al canal opositor Globovisión.
"Desde el martes comenzaremos a analizar. Vamos a tratar de dar aportes a esta propuesta de manera que refleje lo más fielmente posible la realidad y la situación mediática", explicó a la AFP la diputada Rosario Pacheco, presidenta de la Comisión de medios de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Los diputados podrían llevar este anteproyecto a consulta en las calles para conocer la opinión ciudadana antes de someterlo a primera lectura en la Asamblea nacional.
Este anteproyecto, calificado por muchos de "ley mordaza", fue presentado la semana pasada a los parlamentarios por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien consideró necesario "poner límites a la libertad de expresión".
"La mera presentación, la sola mención de la ley de delitos mediáticos, tiene un efecto intimidatorio inmediato", declaró Carlos Correa, director de la organización de defensa de la libertad de expresión, Espacio Público.
Según el borrador del proyecto de ley, se considera delito mediático la publicación de una información "falsa", "manipulada" o "tergiversada", que cause "perjuicio a los intereses del Estado" o atente contra la "moral pública" o la "salud mental". Si una persona es declarada culpable podría pasar hasta cuatro años en la cárcel.
"El proyecto político del presidente (Hugo) Chávez no es compatible con la libertad de expresión y se está actuando en consecuencia. La semana pasada fue trágica para la libertad de expresión en Venezuela", declaró Gregorio Salazar, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Periodistas de diversos medios de comunicación impresos y radioléctricos protestaron ayer frente a las puertas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para manifestar su rechazo a la medida administrativa que silenció a 34 radioemisoras en todo el país, y al proyecto de Ley Especial contra los Delitos Mediáticos que fue presentado ante el Parlamento.

















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