
El Ejecutivo prepara un decreto que reforma el régimen de calificadoras de riesgo, con el objetivo de generar un mecanismo que permita calificaciones testigo, con una supervisión a cargo de universidades públicas con financiamiento estatal
Lo nuevo es que en lugar de que la empresa calificada pague la evaluación, los honorarios -previamente regulados- saldrán del Presupuesto Nacional, administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).Si bien el tema se debate hace tiempo, la iniciativa cobró fuerza a partir del fuerte cuestionamiento internacional que recibieron las calificadoras de riesgo por haber otorgado buenas notas a acciones y bonos de empresas y entidades financieras que rápidamente cayeron en la insolvencia, como el Banco Lehman Brothers, informó Clarín hoy.En los fundamentos del decreto se alude también a las reformas que sobre esta actividad se están discutiendo en el marco del Grupo de los 20, que incluyen mayores regulaciones públicas al sector. Y se inscribe en el mayor intervencionismo que está teniendo el Estado, como la eliminación de las AFJP o la designación de directores estatales en empresas privadas. El vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, confirmó que la iniciativa busca eliminar conflictos de intereses pues quien paga actualmente es el emisor de la deuda calificada, aseguró Página / 12.El funcionario recordó que las agencias de calificación están obligadas a transparentar sus mediciones para evitar quedar en evidencia ante disparidad de criterios, además de otras medidas a ejecutar con la AFIP y el Banco Central para evitar especulación.La participación de universidades nacionales se basa en la existencia de un tercero no relacionado con las compañías analizadas y que sirva de testigo para el mercado financiero, ya que según Vanoli "lo que se busca son entidades que tengan el suficiente prestigio y la capacidad analítica para buscar el mejor mecanismo de calificación".En un principio el análisis será muestral, sin abarcar a todo el universo de bonos, acciones, obligaciones negociables y fideicomisos financieros, aunque se buscará comprender todos estos papeles.Todavía resta evaluar el carácter obligatorio de la supervisión de la calificación.

















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