El gobierno colombiano acordó excarcelar a dos ex miembros de la guerrilla, entre ellos la aguerrida "Karina", para que actúen de mediadores en la desmovilización de las fuerzas y en su reinserción a la vida civil, según se informó oficialmente Debido a la burocracia tradicional en estos procesos, no determinó de inmediato cuándo saldrían en libertad.
En tanto, activistas de derechos humanos objetaron la decisión del gobierno por considerar que los ex rebeldes primero debían pagar sus cuentas con la justicia.
En un comunicado del Ministerio del Interior el jueves, el gobierno dijo que acordó "suspender la reclusión" de Elda Mosquera, alias "Karina", y de Raúl Agudelo, alias "Olivo Saldaña", quienes estuvieron en las filas de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). "Karina" se había entregado a las autoridades y Agudelo fue capturado.
Ambos rebeldes "han expresado formalmente su voluntad de paz...de renunciar a toda actividad ilegal", dijo el ministerio en su nota divulgada en su página de internet.
La decisión oficial no fue la primera que suspenda la excarcelación de un guerrillero para que colabore en desmovilizaciones o en una gestión de paz, pero sí fue la más reciente de rebeldes que han expresado públicamente su deseo de no retornar a las filas de las FARC.
Agudelo, por ejemplo, fue excarcelado temporalmente a fines del 2005 para colaborar con la desmovilización de una unidad rebelde de 70 guerrilleros de las FARC.
La excarcelación de Agudelo y Mosquera podría suspenderse en caso de que cometan algún delito y tendrán vigilancia de las autoridades penitenciarias, dijo telefónicamente Miguel Ceballos, viceministro de Justicia.
Explicó que ambos ex rebeldes fueron escogidos para ser liberados debido a que han colaborado con la justicia confesando crímenes, han llamado públicamente a que otros rebeldes se desmovilicen pero además es parte del cumplimiento de compromisos del gobierno de otorgar beneficios judiciales a ex rebeldes que abandonen la insurgencia.
Mosquera, acusada por la justicia de homicidio, terrorismo y rebelión, entre otros delitos, se entregó a las autoridades en mayo asegurando que estaba acosada por las tropas militares y atemorizada por el asesinato entonces de uno de los jefes de las FARC a manos de su guardaespaldas guerrillero.
En febrero pasado, un juzgado condenó a Mosquera -quien permanece detenida en la sede de la policía secreta en Bogotá- a 33 años de cárcel por su participación en un ataque a un puesto policial en julio del 2000 en un poblado del departamento de Caldas, al noroeste del país, y en el que murieron 13 agentes de policía y tres civiles, de acuerdo con la Fiscalía General.
Agudelo, capturado por el ejército en agosto del 2004, está detenido en la prisión La Picota, al sur de Bogotá.
La decisión de dejarlos libres fue criticada por activistas de derechos humanos indicando que si bien están a favor de la paz y la reconciliación en el país, los ex rebeldes primero debían pagar sus cuentas con la justicia.
Con la medida gubernamental se envía un "mensaje complicado porque las víctimas de estas personas, que han cometido graves infracciones al derecho internacional (humanitario)...deben pensar que sus derechos no valen nada", dijo en diálogo telefónico Gloria Florez, directora de la organización no gubernamental Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), que trabaja con víctimas del conflicto armado.
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