Al cumplirse hoy 20 años de las manifestaciones, el presidente de Venezuela rechazó que los saqueos y disturbios de 1989 hayan sido producto de una ola de pillaje de los pobres contra los ricos
"No fue un acto de pillaje, no fue un acto de saqueos, irracional, no fue un cobro histórico, ni un acto de venganza, no. Fue una rebelión nacida de las profundidades de la conciencia histórica de esta pueblo. Fue un hecho de justa rebelión de los pobres", señaló.
En una misa para conmemorar los 20 años de los disturbios, Chávez exaltó los sucesos que dejaron cientos de muertos como el comienzo de la revolución bolivariana, al afirmar que se trató de una "justa rebelión" de los pobres ante la imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Agregó que aunque se ha hecho "mucho" en la búsqueda de los responsables de la matanza en la calles, su gobierno retomará el pago de indemnizaciones a las víctimas. Agregó que el ex presidente Carlos Andrés Pérez es el primero "que debería pagar por aquel genocidio, pero lo tienen protegido allá (Estados Unidos) y hay mucho otros responsables, incluso haciendo vida política".
Agregó que los intelectuales de la burguesía han tratado de hacer ver el "Caracazo" como el día cuando el "pueblo salió a saquear, que los criminales de los barrios salieron a saquear".
"No, eso fue una rebelión popular. Es mentira que era un pueblo, una turba inconsciente. Dentro de esa masa había una consciencia de lucha, de batalla... Dicen que fue un pillaje, pero desde nuestro pueblo de vista fue el hecho político más trascendente de todo el siglo XX venezolano", señaló.
Añadió que el intento golpista que encabezó el 4 de febrero de 1992 contra Pérez fue "hijo directo" del "Caracazo" y el comienzo de la revolución bolivariana.
Al conmemorar la fecha, Chávez dijo que su gobierno reiniciará el proceso de indemnización a las víctimas de la explosión social de 1989, en protesta contra el gobierno de Pérez y los acuerdos que firmó con el FMI.
El mandatario dijo que giró instrucciones al vicepresidente, Ramón Carrizales, para que se reúna con la fiscal general, Luisa Ortega Días, y magistrados del Poder Judicial a fin de retomar el tema de las indemnizaciones a las víctimas.
Grupos de derechos humanos llevaron a tribunales internacionales algunos casos de violación de los derechos humanos durante el Estado de emergencia que se decretó el 28 de febrero de 1989, logrando varias sentencias favorables a la indemnización que debe asumir el Estado.
Según cifras oficiales, durante los disturbios murieron unas 300 personas, la mayoría después de que se decretó el Estado de sitio para sofocar los saqueos. Muchos de los muertos fueron sepultados en fosas comunes, sin ser identificados.
Los saqueos comenzaron el 27 de febrero de 1989, cuando estalló la furia colectiva por un aumento en los precios de la gasolina en las afueras de la capital. Los disturbios se propagaron hacia Caracas, lo que obligó al gobierno utilizar la fuerza militar para contenerlos.
La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, dijo que el gobierno indemnizó hasta ahora a 45 personas tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El grupo en favor de los derechos humanos "Cofavic", creado para reclamar los derechos de las víctimas del "Caracazo", denunció que después de 20 años de los sucesos no hay investigaciones o personas condenadas por las víctimas.
En una misa para conmemorar los 20 años de los disturbios, Chávez exaltó los sucesos que dejaron cientos de muertos como el comienzo de la revolución bolivariana, al afirmar que se trató de una "justa rebelión" de los pobres ante la imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Agregó que aunque se ha hecho "mucho" en la búsqueda de los responsables de la matanza en la calles, su gobierno retomará el pago de indemnizaciones a las víctimas. Agregó que el ex presidente Carlos Andrés Pérez es el primero "que debería pagar por aquel genocidio, pero lo tienen protegido allá (Estados Unidos) y hay mucho otros responsables, incluso haciendo vida política".
Agregó que los intelectuales de la burguesía han tratado de hacer ver el "Caracazo" como el día cuando el "pueblo salió a saquear, que los criminales de los barrios salieron a saquear".
"No, eso fue una rebelión popular. Es mentira que era un pueblo, una turba inconsciente. Dentro de esa masa había una consciencia de lucha, de batalla... Dicen que fue un pillaje, pero desde nuestro pueblo de vista fue el hecho político más trascendente de todo el siglo XX venezolano", señaló.
Añadió que el intento golpista que encabezó el 4 de febrero de 1992 contra Pérez fue "hijo directo" del "Caracazo" y el comienzo de la revolución bolivariana.
Al conmemorar la fecha, Chávez dijo que su gobierno reiniciará el proceso de indemnización a las víctimas de la explosión social de 1989, en protesta contra el gobierno de Pérez y los acuerdos que firmó con el FMI.
El mandatario dijo que giró instrucciones al vicepresidente, Ramón Carrizales, para que se reúna con la fiscal general, Luisa Ortega Días, y magistrados del Poder Judicial a fin de retomar el tema de las indemnizaciones a las víctimas.
Grupos de derechos humanos llevaron a tribunales internacionales algunos casos de violación de los derechos humanos durante el Estado de emergencia que se decretó el 28 de febrero de 1989, logrando varias sentencias favorables a la indemnización que debe asumir el Estado.
Según cifras oficiales, durante los disturbios murieron unas 300 personas, la mayoría después de que se decretó el Estado de sitio para sofocar los saqueos. Muchos de los muertos fueron sepultados en fosas comunes, sin ser identificados.
Los saqueos comenzaron el 27 de febrero de 1989, cuando estalló la furia colectiva por un aumento en los precios de la gasolina en las afueras de la capital. Los disturbios se propagaron hacia Caracas, lo que obligó al gobierno utilizar la fuerza militar para contenerlos.
La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, dijo que el gobierno indemnizó hasta ahora a 45 personas tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El grupo en favor de los derechos humanos "Cofavic", creado para reclamar los derechos de las víctimas del "Caracazo", denunció que después de 20 años de los sucesos no hay investigaciones o personas condenadas por las víctimas.
Fuente: Télam
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