Las tareas fueron implementadas por la Secretaría de Ambiente, una semana después de que el cuerpo contralor del plan de saneamiento reclamara a la Justicia multas para la máxima responsable de la dependencia, Romina Picolotti
Cuatro empresas fueron clausuradas hoy por contaminar la cuenca del río Matanza-Riachuelo, mientras fueron inspeccionadas las seis petroleras del Polo Petroquímico de Dock Sud, localidad del partido bonaerense de Avellaneda, informaron fuentes oficiales.
Varios inspectores cerraron cuatro compañías "de diversos rubros", situadas en los partidos bonaerenses de General Las Heras, Lomas de Zamora y Lanús.
La Secretaría de Ambiente remarcó en un comunicado de prensa que la razón social de una de las cuatro compañías clausuradas es Frigorífico Regional General Las Heras SA, del partido bonaerense homónimo.
Es una de las empresas demandadas ante la Corte Suprema de Justicia en la causa "Mendoza Beatriz Silvia y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)".
La Secretaría de Ambiente detalló que "una de las irregularidades que motivaron" el cierre de la compañía "fue la comprobación de la contaminación del acuífero que tradicionalmente abastece los pozos de agua potable".
Según la repartición nacional, existía en la empresa "una planta de tratamiento deficiente para adecuar los efluentes líquidos que genera en su actividad productiva".
La dependencia a cargo de Picolotti admitió que esa irregularidad "puede generar envenenamiento en niños y afectar considerablemente la capacidad de la sangre para transportar oxígeno".
Precisó además que las otras tres compañías clausuradas pertenecen a las firmas Megafund SA, Laex SA y Silicatos SAIC. La dependencia nacional, en simultáneo, inspeccionó los seis establecimientos petroleros que están en el Polo Petroquímico de Dock Sud: Shell, Repsol YPF, Dapsa, Petrolera del Cono
Sur SA, Petrorio Compañía Petrolera SA y Petrobras.
El operativo comenzó a las 12 en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), ubicada en el barrio porteño de La Boca, que linda con Dock Sud.
El operativo
La Acumar, presidida por Picolotti, es un ente creado por el gobierno nacional con el propósito de controlar a las empresas radicadas sobre la cuenca del río Matanza-Riachuelo.
El procedimiento en los establecimientos de las petroleras tuvo como finalidad "efectuar constataciones documentales" y concretar otras tareas de control.
La Secretaría de Ambiente especificó que a analizará el material recabado y las observaciones realizadas, con el fin de evaluar eventuales "intimaciones o clausuras preventivas".
El cuerpo contralor del plan de saneamiento de la Cuenca, integrado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y asociaciones civiles, reclamó a la Justicia el 25 de septiembre último multas para Picolotti, por presunto incumplimiento en el programa de purificación.
El pedido fue efectuado sobre la base de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la funcionaria debe responder con su patrimonio ante la falta de cumplimiento de los plazos establecidos por el máximo tribunal para la concreción del plan de saneamiento.
El órgano de control presentó un escrito ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien debe decidir si corresponde sancionar a la funcionaria.
Según el cuerpo contralor, la Acumar evitó realizar inspecciones y controles de aire, ordenados por la Justicia, además de no cumplir con la creación de un sistema de información pública.
Varios inspectores cerraron cuatro compañías "de diversos rubros", situadas en los partidos bonaerenses de General Las Heras, Lomas de Zamora y Lanús.
La Secretaría de Ambiente remarcó en un comunicado de prensa que la razón social de una de las cuatro compañías clausuradas es Frigorífico Regional General Las Heras SA, del partido bonaerense homónimo.
Es una de las empresas demandadas ante la Corte Suprema de Justicia en la causa "Mendoza Beatriz Silvia y Otros c/ Estado Nacional y Otros s/ Daños y Perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo)".
La Secretaría de Ambiente detalló que "una de las irregularidades que motivaron" el cierre de la compañía "fue la comprobación de la contaminación del acuífero que tradicionalmente abastece los pozos de agua potable".
Según la repartición nacional, existía en la empresa "una planta de tratamiento deficiente para adecuar los efluentes líquidos que genera en su actividad productiva".
La dependencia a cargo de Picolotti admitió que esa irregularidad "puede generar envenenamiento en niños y afectar considerablemente la capacidad de la sangre para transportar oxígeno".
Precisó además que las otras tres compañías clausuradas pertenecen a las firmas Megafund SA, Laex SA y Silicatos SAIC. La dependencia nacional, en simultáneo, inspeccionó los seis establecimientos petroleros que están en el Polo Petroquímico de Dock Sud: Shell, Repsol YPF, Dapsa, Petrolera del Cono
Sur SA, Petrorio Compañía Petrolera SA y Petrobras.
El operativo comenzó a las 12 en la sede de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), ubicada en el barrio porteño de La Boca, que linda con Dock Sud.
El operativo
La Acumar, presidida por Picolotti, es un ente creado por el gobierno nacional con el propósito de controlar a las empresas radicadas sobre la cuenca del río Matanza-Riachuelo.
El procedimiento en los establecimientos de las petroleras tuvo como finalidad "efectuar constataciones documentales" y concretar otras tareas de control.
La Secretaría de Ambiente especificó que a analizará el material recabado y las observaciones realizadas, con el fin de evaluar eventuales "intimaciones o clausuras preventivas".
El cuerpo contralor del plan de saneamiento de la Cuenca, integrado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y asociaciones civiles, reclamó a la Justicia el 25 de septiembre último multas para Picolotti, por presunto incumplimiento en el programa de purificación.
El pedido fue efectuado sobre la base de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual la funcionaria debe responder con su patrimonio ante la falta de cumplimiento de los plazos establecidos por el máximo tribunal para la concreción del plan de saneamiento.
El órgano de control presentó un escrito ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, quien debe decidir si corresponde sancionar a la funcionaria.
Según el cuerpo contralor, la Acumar evitó realizar inspecciones y controles de aire, ordenados por la Justicia, además de no cumplir con la creación de un sistema de información pública.
Fuente: Télam
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