La gestión de Macri reclamó al gobierno nacional que ejerza el poder policial para controlar el crecimiento imparable de las construcciones, las cuales pueden derrumbarse. Aclararon que "ninguna de las acciones va dirigida a erradicar a los habitantes"
En un nuevo paso en la ofensiva contra la Villa 31 de Retiro, el gobierno porteño le pidió al Estado nacional que ejerza el poder policial para controlar el crecimiento imparable de la construcción en altura que genera también un aumento demográfico en ese asentamiento, ante la imposiblidad de hacerlo con fuerzas propias.
A través de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri denunció también la existencia de una presunta cementera ilegal, que sería la que prové el material con que se construyen los edificios, en una de las zonas mas caras y codiciadas de Buenos Aires.
La denuncia da cuenta del "crecimiento imparable de construcciones irregulares en altura". Comunicó, asimismo, que "ninguna de las acciones va dirigida a erradicar a los habitantes de los asentamientos, sino a poner fin a situaciones de alto riesgo para ellos".
En ese marco destacó la existencia de una denuncia realizada el 27 de junio pasado de la Academia Nacional de Ingeniería donde se advertía sobre los graves peligros de las construcciones de más de dos plantas por falta de cimientos, suelos no aptos para construcciones en altura y utilización de materiales deficientes, entre otros aspectos.
Asimismo, informó que se llevó a cabo un relevamiento aéreo de la situación de la villa para determinar la cantidad y ubicación de las construcciones irregulares peligrosas para las personas y fue encontrado un predio ocupado por la cementera Avellaneda que, según el titular del ONABE catastralmente, el dominio pertenece a esa entidad.
También expresó su sorpresa que la hormigonera no estuviera mencionada en la folletería comercial de la empresa ni la página web, donde si se identifican otras cinco plantas que tiene en el país constituía un delito de usurpación.
La denuncia fue realizada por la Procuración General ante la Justicia porteña. También ante la seria preocupación por la seguridad de los habitantes del asentamiento y quienes transiten por el inminente derrumbe de alguna de las 500 construcciones irregulares y precarias de más de dos plantas - también existen casos con 6 plantas - la Procuración General inició una acción ordinaria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que ordene al Estado Nacional que arbitre los medios como para evitar que se sigan construyendo edificaciones peligrosas para las personas.
A través de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Mauricio Macri denunció también la existencia de una presunta cementera ilegal, que sería la que prové el material con que se construyen los edificios, en una de las zonas mas caras y codiciadas de Buenos Aires.
La denuncia da cuenta del "crecimiento imparable de construcciones irregulares en altura". Comunicó, asimismo, que "ninguna de las acciones va dirigida a erradicar a los habitantes de los asentamientos, sino a poner fin a situaciones de alto riesgo para ellos".
En ese marco destacó la existencia de una denuncia realizada el 27 de junio pasado de la Academia Nacional de Ingeniería donde se advertía sobre los graves peligros de las construcciones de más de dos plantas por falta de cimientos, suelos no aptos para construcciones en altura y utilización de materiales deficientes, entre otros aspectos.
Asimismo, informó que se llevó a cabo un relevamiento aéreo de la situación de la villa para determinar la cantidad y ubicación de las construcciones irregulares peligrosas para las personas y fue encontrado un predio ocupado por la cementera Avellaneda que, según el titular del ONABE catastralmente, el dominio pertenece a esa entidad.
También expresó su sorpresa que la hormigonera no estuviera mencionada en la folletería comercial de la empresa ni la página web, donde si se identifican otras cinco plantas que tiene en el país constituía un delito de usurpación.
La denuncia fue realizada por la Procuración General ante la Justicia porteña. También ante la seria preocupación por la seguridad de los habitantes del asentamiento y quienes transiten por el inminente derrumbe de alguna de las 500 construcciones irregulares y precarias de más de dos plantas - también existen casos con 6 plantas - la Procuración General inició una acción ordinaria ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que ordene al Estado Nacional que arbitre los medios como para evitar que se sigan construyendo edificaciones peligrosas para las personas.
Fuente: NA
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