La nota enviada estuvo acompañada de la nómina del personal contratado y obliga "a que cada titular de la jurisdicción a dictar el acto administrativo que instrumente la medida comentada"
El gobierno porteño decidió, a través de una nota difundida hoy en todas sus reparticiones, el cese de los contratos vigentes a empleados públicos de su administración que superen los 60 años en el caso de las mujeres y 65 en los hombres.
"De conformidad con instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda, cada jurisdicción deberá proceder a la rescisión de los contratos vigentes que estuvieren celebrados bajo las disposiciones del decreto 948/2005 y resolución 959/2007", indica
la nota.
La medida implica el cese en su función desde el 31 de agosto de todos los empleados públicos que "registren 60 años o más si se tratara de mujeres y 65 años o más en el caso de los hombres".
La nota enviada estuvo acompañada de la nómina del personal contratado al que abarca la rescisión de su contrato y obliga "a que cada titular de la jurisdicción a dictar el acto administrativo que instrumente la medida comentada, debiendo notificarlo al contratado en forma fehaciente".
La oposición
"Esta es una decisión intempestiva que hace que a estos empleados, de un día para otro, se queden en la calle y sin ningún tipo de indemnización", aseveró la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti al tomar conocimiento de la decisión impuesta por la gestión de Mauricio Macri.
En ese sentido, la legisladora agregó que la rescisión de los contratos a empleados públicos mayores "tiene un grado de injusticia y de insensibilidad porque estas personas no tienen la posibilidad, por su edad, de reinsertarse laboralmente y tampoco se les da una compensación".
Es que los empleados contratados bajo el decreto 948/2005 y 959/2007 no forman parte de la planta permanente de la administración porteña, sino que permanecen bajo estas figuras desde hace años, en algunos casos, a la espera del pase y, por lo tanto, no poseen el derecho a una indemnización laboral.
Por su parte, el Legislador Porteño Juan Cabandié consideró que "mientras la gestión de Macri continúa firmando miles de nuevos contratos por altísimas cifras, se decide dejar sin trabajo a personas de esa edad que vienen desarrollando tareas permanentes en la gestión de la ciudad, y que pueden no contar con los aportes necesarios para tramitar su jubilación, dejándolos en una situación de vulnerabilidad económica".
Cabandié además agregó que "nuevamente se ve como desde el Gobierno de la Ciudad se buscan implementar políticas de corte neoliberal, cómo en la época de Menem, en donde los mayores no tenían cabida ni en el estado ni en las empresas privadas. El paso del tiempo demostró que una persona de 60 o 65 años, por su preparación y su experiencia aún puede seguir sumando en las tareas que se le designen".
"De conformidad con instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda, cada jurisdicción deberá proceder a la rescisión de los contratos vigentes que estuvieren celebrados bajo las disposiciones del decreto 948/2005 y resolución 959/2007", indica
la nota.
La medida implica el cese en su función desde el 31 de agosto de todos los empleados públicos que "registren 60 años o más si se tratara de mujeres y 65 años o más en el caso de los hombres".
La nota enviada estuvo acompañada de la nómina del personal contratado al que abarca la rescisión de su contrato y obliga "a que cada titular de la jurisdicción a dictar el acto administrativo que instrumente la medida comentada, debiendo notificarlo al contratado en forma fehaciente".
La oposición
"Esta es una decisión intempestiva que hace que a estos empleados, de un día para otro, se queden en la calle y sin ningún tipo de indemnización", aseveró la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti al tomar conocimiento de la decisión impuesta por la gestión de Mauricio Macri.
En ese sentido, la legisladora agregó que la rescisión de los contratos a empleados públicos mayores "tiene un grado de injusticia y de insensibilidad porque estas personas no tienen la posibilidad, por su edad, de reinsertarse laboralmente y tampoco se les da una compensación".
Es que los empleados contratados bajo el decreto 948/2005 y 959/2007 no forman parte de la planta permanente de la administración porteña, sino que permanecen bajo estas figuras desde hace años, en algunos casos, a la espera del pase y, por lo tanto, no poseen el derecho a una indemnización laboral.
Por su parte, el Legislador Porteño Juan Cabandié consideró que "mientras la gestión de Macri continúa firmando miles de nuevos contratos por altísimas cifras, se decide dejar sin trabajo a personas de esa edad que vienen desarrollando tareas permanentes en la gestión de la ciudad, y que pueden no contar con los aportes necesarios para tramitar su jubilación, dejándolos en una situación de vulnerabilidad económica".
Cabandié además agregó que "nuevamente se ve como desde el Gobierno de la Ciudad se buscan implementar políticas de corte neoliberal, cómo en la época de Menem, en donde los mayores no tenían cabida ni en el estado ni en las empresas privadas. El paso del tiempo demostró que una persona de 60 o 65 años, por su preparación y su experiencia aún puede seguir sumando en las tareas que se le designen".
Fuente: Télam
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