El gobierno peruano ratificó el descubrimiento de una red de militares peruanos y ciudadanos chilenos y podría romper relaciones diplomáticas. Se espera una cumbre entre García y Bachelet
Perú quedó a la espera del regreso del presidente Alan García desde Singapur, para anunciar su posición oficial sobre el tema.
"Estoy adelantando 24 horas mi regreso para tener una información plena, adecuada, y poder expresarme desde dentro del Perú", dijo García desde Singapur, quien, además, canceló una entrevista que tenía programada con la mandataria chilena, Michelle Bachelet.
En declaraciones a medios chilenos, el ministro de Defensa de Perú, Rafael Rey, recalcó hoy que el caso de espionaje, supuestamente financiado por Chile, está confirmado.
"Efectivamente se trata de un hecho de espionaje financiado por Chile aparentemente, según la declaración de él mismo (el implicado Víctor Ariza Mendoza)", indicó Rey.
Además, el Gobierno peruano llamó ayer a consultas a su embajador en Santiago y el canciller peruano, José García Belaúnde, declaró que también canceló la visita que iba a hacer la próxima semana a Chile la ministra de la Producción, Mercedes Aráoz.
García Belaúnde señaló desde Singapur, donde asiste junto a García a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC), que el espionaje es un acto "inamistoso y ofensivo" para el Perú.
Sin embargo, el Gobierno chileno fue categórico en asegurar que Chile no espía e indicó que cuando hay denuncias como estas, los Gobiernos tienen que ser prudentes y serios.
"Queremos ser muy claros, Chile no espía. Chile es un país serio en sus relaciones internacionales, actuamos con criterio de transparencia y así es reconocido en todo el mundo", afirmó la ministra portavoz, Carolina Toha, en el Palacio de La Moneda, quien descartó que su país llame a consultas al embajador chileno en Lima.
El escándalo se desató cuando se conoció que el suboficial de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) Víctor Ariza Mendoza supuestamente entregó a Chile secretos de Estado que implican las adquisiciones militares programadas hasta 2021.
El suboficial, de 45 años, hizo en los últimos años "viajes triangulados" a Argentina y Chile para entregar esa información, según un reporte migratorio publicado hoy por el diario El Comercio.
Aunque Ariza ya aceptó su responsabilidad, los investigadores peruanos tratan de determinar la cantidad exacta de información que supuestamente entregó, entre la que se menciona un plan institucional de la FAP hasta 2021, año del bicentenario de la independencia peruana.
En este plan se señalan las necesidades y proyecciones de la fuerza aérea en cuanto a personal, aeronaves, aspectos administrativos e instrucciones, según la publicación.
El suboficial también habría entregado listas con las identidades de los alumnos de la Escuela de Inteligencia de la FAP y algunos documentos vinculados con la demanda por límites marítimos presentada por Perú contra Chile ante la Corte de Justicia de La Haya, aunque esta información no ha sido confirmada.
Los investigadores peruanos tratan de determinar, además, si el suboficial entregó los códigos secretos de comunicación de las embajadas peruanas.
Los medios locales aseguraron, además, que el suboficial pudo contar con el apoyo de su pareja, una policía en actividad, quien supuestamente le ayudaba a preparar la información y recogía los pagos que le entregaban.
Luego de que el militar confesara su culpa, un juez de Lima ordenó su detención junto a la de otro suboficial peruano y la captura de dos supuestos militares chilenos.
El juez Luis Garzón Castillo, a cargo del Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Lima, abrió instrucción por los cargos de revelación de secretos nacionales, espionaje y lavado de activos en agravio del Estado.
Además, dictó orden de detención contra otro suboficial de la FAP, cuyo nombre no fue proporcionado, por el cargo de cómplice necesario de los delitos de revelación de secretos nacionales y espionaje, en perjuicio del Estado peruano.
La resolución judicial también ordenó la captura de los supuestos militares chilenos Daniel Márquez Torrealba y Víctor Vergara Rojas, acusados de ser los instigadores de estos delitos.
El juez remarcó que antes de solicitar la extradición de los dos chilenos se deberá confirmar los datos que se tienen sobre sus identidades.
La Comisión de Inteligencia del Congreso decidió, por su parte, citar a los jefes de Inteligencia y de la Contrainteligencia de la FAP, quienes deberán presentarse el lunes, en sesión reservada, para detallar los pormenores del caso.
Fuente: EFE
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