
El magistrado español remitió las investigaciones de las desapariciones a los juzgados donde se encuentran las fosas comunes. Tampoco juzgará la responsabilidad penal de Franco
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió inhibirse de la causa en la que investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el régimen franquista a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas comunes que mandó abrir cuando se declaró competente para instruir este procedimiento el pasado 16 de octubre, afirmó El Mundo.es.
El magistrado además acuerda extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.
Con esta resolución, Garzón se adelanta a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión acerca de la competencia del magistrado para investigar estos hechos, a lo que la Fiscalía se oponía por entender que son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.
De esta forma Garzón pretende "evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos" y lograr la "formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal".
El magistrado además acuerda extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.
Con esta resolución, Garzón se adelanta a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión acerca de la competencia del magistrado para investigar estos hechos, a lo que la Fiscalía se oponía por entender que son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.
De esta forma Garzón pretende "evitar solapamientos en la labor de recopilación de datos" y lograr la "formación de un adecuado protocolo de exhumaciones y la identificación e inhumaciones de los cadáveres, preservando la cadena de custodia de los restos humanos y de otros elementos o pruebas que puedan ser necesarios en el ámbito de la jurisdicción penal".

















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