El 29% de los 6.294 adolescentes infractores o presuntos infractores de la ley penal en el país permanece privado de libertad, mientras al menos uno de cada tres institutos es controlado por fuerzas de seguridad
Así lo reveló un informe del gobierno nacional, Unicef y la Universidad Nacional de Tres de Febrero denominado "Adolescentes en el Sistema Penal", cuyos principales objetivos fueron revelar la situación actual y plantear nuevas propuestas para lograr un proceso de transformación.
"Se trata de un trabajo responsable y participativo, y si bien quizá no es el mejor, es serio, y servirá para dar una mirada integral de derecho con equidad territorial", dijo en la presentación la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Con la participación de legisladores, funcionarios del área, representantes de diversas provincias, organizaciones sociales, jueces, fiscales y organizaciones de Derechos Humanos, el gobierno dio a conocer una muestra que fue caracterizada "como una foto de un día en el sistema penal juvenil".
Entre los datos relevados entre junio y diciembre de 2007, el informe encontró que el 55% de estos establecimientos en que los niños y adolescentes están alojados son de régimen cerrado, es decir, que hay muros, barreras o alambrados que impiden la salida voluntaria.
Además, el informe remarcó que el 33% de los establecimientos está controlado por servicios penitenciarios o policías provinciales, mientras el resto está en manos de especialistas.
En el 17% de estos establecimientos los infractores o presuntos infractores conviven con otros jóvenes que están allí por vulnerabilidad social, lo que implica que su problemática requiere respuestas de tipo proteccional.
A su vez, se reveló que el 90% de los 6.294 jóvenes son varones. En tanto, más de 1.200 son punibles, es decir, mayores de 16 años, mientras que 298 no cumplen con la edad de imputabilidad.
Durante la presentación del informe, los especialistas destacaron la necesidad de que el Estado actúe como "articulador" para definir políticas públicas acordes a la realidad y que estas internaciones sean una última opción y por el menor tiempo posible. Además de los establecimientos también existen dentro del sistema programas de acompañamiento y supervisión.
Mientras en el país hay 119 establecimientos para alojar niños y adolescentes o brindarles acompañamiento, sólo hay 25 programas de supervisión en los que participan 4.495 jóvenes, es decir el 71% del total.
En este sentido, los expertos y autoridades presentes advirtieron la necesidad de "fortalecer" y "ampliar" estas metodologías, que resultan de mayor protección integral de la niñez con menores posibilidades de que los derechos de los niños sean vulnerados o cercenados.
Según el informe, la oferta educativa formal es dispar, de dos a cinco horas diarias, sólo el 40% ofrece actividades de formación laboral y el 53% talleres relacionados con educación alternativa.
"Necesitamos una transformación integral del sistema y hay tres dimensiones que son esenciales abordar", afirmó el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), Gabriel Lerner.
Entre ellas, mencionó la aprobación de una nueva ley nacional del sistema penal juvenil, la adecuación de normativas procesales y la organización de la justicia en las provincias, y la reformulación de programas y políticas "para poder dar respuestas".
"Es necesario proyectar la tarea a nivel nacional, garantizar el pleno acceso a educación, salud y recreación para dar mejores oportunidades mediante esfuerzos compartidos, y un espacio para los adolescentes en la agenda política para que sean escuchados más allá de una nueva ley penal", finalizó.
"Se trata de un trabajo responsable y participativo, y si bien quizá no es el mejor, es serio, y servirá para dar una mirada integral de derecho con equidad territorial", dijo en la presentación la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.
Con la participación de legisladores, funcionarios del área, representantes de diversas provincias, organizaciones sociales, jueces, fiscales y organizaciones de Derechos Humanos, el gobierno dio a conocer una muestra que fue caracterizada "como una foto de un día en el sistema penal juvenil".
Entre los datos relevados entre junio y diciembre de 2007, el informe encontró que el 55% de estos establecimientos en que los niños y adolescentes están alojados son de régimen cerrado, es decir, que hay muros, barreras o alambrados que impiden la salida voluntaria.
Además, el informe remarcó que el 33% de los establecimientos está controlado por servicios penitenciarios o policías provinciales, mientras el resto está en manos de especialistas.
En el 17% de estos establecimientos los infractores o presuntos infractores conviven con otros jóvenes que están allí por vulnerabilidad social, lo que implica que su problemática requiere respuestas de tipo proteccional.
A su vez, se reveló que el 90% de los 6.294 jóvenes son varones. En tanto, más de 1.200 son punibles, es decir, mayores de 16 años, mientras que 298 no cumplen con la edad de imputabilidad.
Durante la presentación del informe, los especialistas destacaron la necesidad de que el Estado actúe como "articulador" para definir políticas públicas acordes a la realidad y que estas internaciones sean una última opción y por el menor tiempo posible. Además de los establecimientos también existen dentro del sistema programas de acompañamiento y supervisión.
Mientras en el país hay 119 establecimientos para alojar niños y adolescentes o brindarles acompañamiento, sólo hay 25 programas de supervisión en los que participan 4.495 jóvenes, es decir el 71% del total.
En este sentido, los expertos y autoridades presentes advirtieron la necesidad de "fortalecer" y "ampliar" estas metodologías, que resultan de mayor protección integral de la niñez con menores posibilidades de que los derechos de los niños sean vulnerados o cercenados.
Según el informe, la oferta educativa formal es dispar, de dos a cinco horas diarias, sólo el 40% ofrece actividades de formación laboral y el 53% talleres relacionados con educación alternativa.
"Necesitamos una transformación integral del sistema y hay tres dimensiones que son esenciales abordar", afirmó el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), Gabriel Lerner.
Entre ellas, mencionó la aprobación de una nueva ley nacional del sistema penal juvenil, la adecuación de normativas procesales y la organización de la justicia en las provincias, y la reformulación de programas y políticas "para poder dar respuestas".
"Es necesario proyectar la tarea a nivel nacional, garantizar el pleno acceso a educación, salud y recreación para dar mejores oportunidades mediante esfuerzos compartidos, y un espacio para los adolescentes en la agenda política para que sean escuchados más allá de una nueva ley penal", finalizó.
Fuente: DyN
No hay comentarios:
Publicar un comentario