La propuesta de Daniel Scioli de bajar la edad de imputabilidad de los menores que cometan delitos graves sumó adhesiones dentro del oficialismo de la provincia de Buenos Aires y de los jueces
El senador provincial y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Roberto Ravale, destacó la "decisión política del Gobierno para afrontar el flagelo de la inseguridad desde todas las áreas"."Tenemos que trabajar muy fuerte para reconstruir el tejido social tan dañado, la educación, la lucha contra la droga, mejorar el espacio público y fortalecer la creación de empleo como mejor política de inclusión social; es un camino que el gobierno provincial ya está transitando y lo vamos a acompañar con firme compromiso", manifestó el legislador.
Desde la Cámara de Diputados, el legislador del Frente para la Victoria (FpV) Guido Lorenzino manifestó que "los Estados nacional, provincial y locales deben generar expectativas para que los jóvenes se sientan parte de esta sociedad".
Agregó: "El compromiso que debemos asumir es ser muy justos en el cumplimiento de las penas, uno puede ideologizar todo menos la Justicia; se va a trabajar y legislar para las víctimas".
Y el vicepresidente primero de la Cámara, Martín Ferré, señaló que en "la sociedad en su conjunto debe darse el debate sobre la edad de imputabilidad en los casos de delitos graves, aunque es importante aclarar que una medida aislada no va a terminar con la violencia ni con la delincuencia, pero sí es imperiosa una discusión adulta, con todos los sectores involucrados que seguro ayudarán".
Además, el juez camarista de San Isidro, Luis Cayuela, destacó en Radio 10 que "es necesario" reformar la ley. "Muchos delincuentes me dijeron que hasta los 18 hicieron lo que quisieron", afirmó.
El magistrado del partido acechado en las últimas horas por la inseguridad respaldó el pedido del gobernador Daniel Scioli para reducir la edad de imputabilidad. Cayuela, quien se manifestó pragmático, destacó que es necesaria la reforma "porque gracias a la globalización, los menores tienen una madurez distinta a la de otras épocas".
"Muchos de los acusados me han dicho: 'Yo hasta los 18 hice lo que quise'. Yo no puedo averiguar, con esta ley, qué hizo el delincuente en sus años como menor. Obviamente, como magistrado igual lo averiguo", enfatizó el juez.
Como vecino de San Isidro, también destacó el "miedo que se vive" luego de que se retiraran los efectivos de Gendarmería de la zona que rodea al asentamiento conocido como Villa La Cava.
"Como vecino lo vivo con inseguridad, lo vivo en alerta siempre. Antes, cuando estaba Gendarmería, yo podía ir por ejemplo por una calle en especial, ahora sé que por ahí no puedo pasar", aseguró.
El juez Cayuela destacó que es "necesario modificar la ley" en varios aspectos por los errores que se comenten en muchos casos ya que, según el magistrado, "a veces cuesta más negar la libertad que aplicar una pena".
"Por ejemplo, en la prisión domiciliaria, me ha tocado el caso de un hombre de 69 años que secuestró y mató a una persona. A los dos años, a los 71, exigía la prisión domiciliaria porque la ley lo dispone, pero este hombre no estaba rehabilitado ni había cumplido la pena por un crimen tan aberrante. Esos son los temas que hay que analizar", explicó.
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